Juicio en la Audiencia Nacional

Los cuatro acusados de incendiar un cajero en Barakaldo descartan su participación y alegan que estaban de carnavales

Rechazan ser integrantes de ETA y se niegan a responder a la Fiscal

MADRID. Una defensa muy hilada, pero la negativa a responder las preguntas de la Fiscal. Así se retrataron. Los cuatro jóvenes acusados de incendiar un cajero automático en Barakaldo (Vizcaya) el pasado 10 de febrero de 2008 y de ser integrantes de una asociación terrorista declararon ayer en la Audiencia Nacional.

Los cuatro, Sendoa Aratz Jurado, Unai Frías, Jon Villanueva y Asier Gómez, todos carentes de antecedentes penales, siguieron las mismas pautas: no responder a la Fiscalía y sí hacerlo a las preguntas de la Defensa. Negaron todos los hechos de los que se les acusaba y aseguraron que durante el día de autos se encontraban en el carnaval de Santutxu (Bilbao). “Lo recuerdo bien porque fue nuestro último carnaval”, explico Sendoa Aratz. Sus abogados aportaron fotografías en las citadas fiestas.

También están acusados de tenencia de aparatos y sustancias incendiarios y explosivos: documentación y prendas con el anagrama de la organización terrorista Segi, tirachinas potentes, propaganda proetarra, una lista de matrículas de coches de policía y de concejales, sprays, guantes de latex… Ante estas evidencias, los imputados explicaron que guardaban matrículas porque se sentían perseguidos, que los tirachinas eran souvenirs de un viaje a Canarias, que la propaganda “la dan hasta en la puerta de los colegios”…

Algunas pruebas y bastante material se encontraron también en dos locales: una lonja de la calle Apuko y un lugar llamado Gaztetxe Makala, ambos en Baracaldo. Los imputados comentaron que acudían allí con frecuencia, pero no para planear actos terroristas, sino para “realizar actividades de teatro, o hacer pancartas contra la precariedad laboral”.

Durante esta primera sección, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, acusó en varias ocasiones a la Defensa de hacer preguntas “inducidas, subjetivas e impertinentes”. Los otros dos magistrados eran Julio de Diego López y Enrique López, que ejerció de ponente.

Tras estas declaraciones, tomaron sitio como testigos llamados por la Fiscalía, doce policías de la Ertzaintza, aunque finalmente uno de ellos no tuvo que declarar. Todos relataron cómo ocurrieron los hechos y cómo la pronta inmediatez facilitó el apagado de llamas.

La Fiscal, Teresa Sandoval, solicita 33 años de prisión y una indemnización de más de 35 mil  euros para la entidad bancaria BBVA. La defensa, por su parte, pide la libre absolución de los implicados. El juicio continuará durante la mañana de hoy.